detienen militares colombianos por crímenes a campesinos

FISCALIA GENERAL DE COLOMBIA DETUVO A MILITARES COLOMBIANOS ACUSADOS DE ASESINATOS A CAMPESINOS Las Fuerzas Armadas de Colombia se ven involucradas día a día en casos de asesinatos a campesinos. ¿Qué se esconde detrás de la guerra contra la guerrilla colombiana? ¿Cuánto tiene que ver la parapolítica? La auto-defensa de Uribe.

Por Gisela.-

La Fiscalía General de Colombia detuvo a dieciséis militares de un batallón del departamento del Cesar, situado al norte de Colombia, en la llanura del Caribe. Los detenidos están acusados de matar a dos campesinos y hacerlos aparecer como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en hechos ocurridos en el año 2005. La Fiscalía Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del ente investigador, ordenó detener a los uniformados en marzo pasado por los hechos sucedidos el 14 de mayo de 2005 en Filo Machete, cerca del municipio de La Paz (Cesar, 800 kilómetros al norte de Bogotá). La misma indicó que otros trece militares están siendo investigados por este proceso. Fuentes de la Fiscalía indicaron a Telesur que los dieciséis detenidos estaban adscritos al batallón La Popa de Valledupar, capital del Cesar, y están acusados de participar en el asesinato de los campesinos Frank Martínez Cavieres y Claudio Manuel Olmero Arlante. Los militares señalaron a los dos campesinos como “insurgentes” del Frente 41 de las FARC, que combaten en la Sierra Nevada de Santa Marta –cadena montañosa ubicada al norte de Colombia, entre los departamentos del Magdalena, La Guajira y el Cesar-. El asesinato de cientos de personas, sobre todo campesinos pobres y cocaleros, en zonas de combate, selváticas o limítrofes no es novedad en el país latinoamericano. El diario estadounidense The Washington Post afirmó que "bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, el Ejército ha estado asesinando cada vez más en años recientes a pobres campesinos y haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate (…)”. Los asesinatos, llevados a cabo por unidades bajo las órdenes de comandantes regionales, siempre han sido un problema en el conflicto colombiano. Pero con la reciente desmovilización de miles de combatientes paramilitares -muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para eliminar rebeldes- los asesinatos de civiles a manos del Ejército han crecido marcadamente desde el 2004, de acuerdo con afirmaciones de grupos de derechos humanos e investigadores de las Naciones Unidas. Cuando el Ejército mata a alguien los fiscales militares inician investigaciones y en la actualidad están siendo investigadas las muerte de 525 civiles, ocurridas desde el 2002 y por las cuales 706 soldados y oficiales están involucrados. La dependencia tiene otros 500 casos que involucran cientos de víctimas más. Por otro lado, la oficina de la Procuraduría está indagando 650 casos desde el 2003 a mediados del 2007 que podrían involucrar unas 1000 víctimas, dijo Carlos Arturo Gómez, viceprocurador general. "El último año, el número de quejas se disparó. Algunos han dicho que la causa podría ser miembros inescrupulosos de las fuerzas militares que desean mostrar resultados de operaciones falsas. Otros dicen que es el resultado de presiones del alto mando, que pide resultados", le dijo Gómez al periódico norteamericano. Como bien se sabe, parte del dinero que se invierte diariamente por parte del estado colombiano en la guerra proviene de Estados Unidos. Es por esto que el imperio norteamericano se muestra preocupado en “el mal uso de los fondos” otorgados por el Plan Colombia. Patrick Leathy (senador demócrata estadounidense) acusaba al gobierno colombiano por estos crímenes, afirmando que muchos millones de dólares para ayuda han ido a parar en manos de militares y se encuentran con que el ejército está matando muchos civiles. Y agregaba que “por todas las cuentas, todos los conteos independientes, encontramos que los civiles son tomados, ejecutados y vestidos con uniformes de forma tal que pueden reclamar los cuerpos como guerrilleros muertos”, declarando en varias oportunidades a la prensa. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez se ha defendido a sí mismo de las acusaciones y afirma que estas son parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar las fuerzas armadas, desvinculándose una y otra vez de sus oscuras relaciones con los grupos paramilitares de ultra derecha que avanzan día a día en el país y que van, por su tercera generación.